En un mundo donde la sostenibilidad y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (o “ESG”) han dejado de ser meras tendencias para convertirse en ejes estratégicos empresariales, el concepto de valor compartido emerge como un modelo transformador. Cada vez son más las empresas que, en lugar de limitarse a mitigar impactos negativos, buscan potenciar la rentabilidad empresarial simultáneamente con el bienestar de la sociedad.
En este artículo, mostraremos cómo los contratos – lejos de ser un documento meramente jurídico – pueden convertirse en instrumentos de cambio, formalizando el compromiso con comunidades y el medio ambiente, convirtiéndose en el puente entre propósito y beneficio.
¿Qué es el valor compartido?
En el año 2011 se introduce el término “valor compartido” (Kramer y Porter) para describir un enfoque en el que la generación del valor económico de una empresa está íntimamente ligada a la búsqueda de soluciones de problemas sociales. A diferencia de la responsabilidad social empresarial (RSE) tradicional, que suele verse como un costo o una obligación externa a las operaciones principales de la empresa, el valor compartido integra las prioridades de la comunidad en la estrategia y en las operaciones del negocio.
Este giro implica reexaminar las operaciones: desde la cadena de suministro hasta el diseño de productos o servicios, con el objetivo de identificar oportunidades donde el crecimiento empresarial y el progreso social se potencien mutuamente.
El rol de los contratos en sostenibilidad y ESG
Los contratos representan mucho más que un simple documento legal, son un instrumento de gobernanza capaz de traducir compromisos abstractos de sostenibilidad en obligaciones concretas. Al incorporar cláusulas específicas de sostenibilidad, las organizaciones establecen un marco de rendición de cuentas que trasciende la mera voluntad de las partes, generando valor y reduciendo riesgos.
Por ejemplo, fijar cláusulas de desempeño ambiental puede ayudar a fijar el porcentaje máximo de emisiones permitidas o la obligación de adoptar energías renovables antes de cada entrega de productos. Asimismo, al fijar cláusulas de gobernanza se puede definir estándares anticorrupción y procedimientos de denuncia interna vinculados a penalidades en caso de incumplimientos.
Conexión entre el valor compartido y las cláusulas contractuales
El verdadero potencial de los contratos radica en su capacidad de incorporar el valor compartido mediante cláusulas diseñadas a medida. Para fomentar un impacto social tangible, los acuerdos pueden establecer objetivos como la contratación de mano de obra local y la implementación de programas de formación que beneficien directamente a las comunidades circundantes.
En el ámbito de la innovación, los contratos pueden incluir incentivos para el desarrollo de tecnologías limpias, así como la inclusión de cláusulas de medición y reporte pueden ayudar a asegurar que el progreso se documente y se comunique de forma transparente.
Entonces, ¿cuál es el beneficio de integrar el valor compartido en los contratos?
La formalización del valor compartido en los contratos ofrece ventajas claras. Para la empresa, implica un fortalecimiento de la reputación y la licencia social para operar, al demostrar un compromiso tangible con el desarrollo sostenible. Esta confianza abre la puerta a nuevos mercados y atrae a inversores conscientes de los riesgos y oportunidades ligados a los criterios ESG. Operativamente, las empresas se adelantan en la adopción de las buenas prácticas internacionales en materia de sostenibilidad que, si bien a la fecha no son exigibles en el país, cada vez serán más requeridas para operar con otros mercados o buscar financiamiento externo.
Al mismo tiempo, las comunidades y el medio ambiente se benefician de soluciones diseñadas para responder a sus necesidades específicas. Los proyectos que contemplan empleo local y desarrollo de habilidades impulsan el crecimiento económico regional, mientras que las iniciativas de conservación y restauración de ecosistemas aseguran la protección de recursos naturales y la reducción de la huella ecológica.
Al convertir los contratos en vehículos de valor compartido, las empresas impulsan de forma simultánea beneficios sociales, ambientales y económicos. Esta práctica fortalece no solo la sostenibilidad global, sino también la reputación corporativa, facilita el acceso a financiamiento y asegura la estabilidad a largo plazo. En definitiva, al diseñar acuerdos que integren criterios ESG y valor compartido, las empresas colaboran en la construcción de un futuro más próspero y equitativo para todos.
Ruth Schneiderman
Abogada en Altra Legal
