La Corte Suprema de Justicia aprobó, mediante la Resolución Nº12.677 (4 de marzo de 2026), la “Política operacional que establece directrices para el uso de sistemas de inteligencia artificial en el Poder Judicial” (Versión 1). Con esta medida, el Poder Judicial paraguayo adopta por primera vez un marco institucional específico para regular el uso de herramientas de inteligencia artificial en la actividad jurisdiccional y administrativa.
La política establece que la inteligencia artificial puede ser utilizada como herramienta de apoyo para optimizar procesos, pero no puede sustituir la intervención humana en la toma de decisiones judiciales. En ese marco, la resolución busca compatibilizar la incorporación de nuevas tecnologías con exigencias de transparencia, supervisión, protección de datos y respeto a los derechos fundamentales.
Alcance y principios
La regulación es aplicable a magistrados y funcionarios del Poder Judicial en todas sus dependencias, incluyendo el uso, desarrollo, adquisición o supervisión de sistemas de inteligencia artificial. Asimismo, alcanza tanto a herramientas actuales como futuras que puedan incidir en procesos judiciales o administrativos.
El marco normativo se estructura sobre cuatro ejes principales:
- Supervisión humana y toma de decisiones
- Transparencia y justicia abierta
- No discriminación e igualdad, y
- Protección de datos personales y seguridad de la información confidencial
Estos principios delimitan el alcance de los usos permitidos y operan como parámetros para evaluar la legalidad de la implementación de estas herramientas.
Usos permitidos
Dentro de ese marco, la política autoriza el uso de sistemas de inteligencia artificial para finalidades de apoyo, entre ellas:
- Apoyo en la investigación jurídica y análisis de precedentes
- Organización y sistematización de información sustantiva y procesal
- Preparación de borradores de documentos
- Elaboración de resúmenes y síntesis de información
- Traducción y análisis de datos
- Diseño de presentaciones y visualizaciones, y
- Tareas de gestión administrativa y procesal
Asimismo, se habilita su utilización para mejorar la transparencia del proceso, facilitar la comprensión de actuaciones judiciales, detectar posibles sesgos en decisiones o procedimientos, y fortalecer la gestión segura de la información, incluyendo la despersonalización de datos y la prevención de accesos no autorizados.
En todos los casos, los resultados generados deben ser revisados, verificados y contrastados con fuentes confiables, manteniéndose la supervisión humana.
Límites y prohibiciones
La política también establece límites expresos al uso de inteligencia artificial. En particular, prohíbe:
- Delegar en sistemas de inteligencia artificial la toma de decisiones en resoluciones judiciales o administrativas
- Automatizar procesos que puedan afectar derechos fundamentales
- Utilizar IA sin supervisión humana en la generación o valoración de pruebas, o en la fundamentación de resoluciones
- Determinar culpabilidad o inocencia, establecer penas o medidas sin intervención humana, y
- Sustituir pericias o dictámenes periciales
Adicionalmente, se imponen obligaciones en materia de transparencia, igualdad y protección de datos, incluyendo la obligación de informar el uso de IA en el proceso, la prohibición de utilizar sistemas opacos o no explicables, la necesidad de evitar sesgos discriminatorios y el deber de resguardar la confidencialidad de la información judicial.
¿En qué beneficia su implementación?
El principal aporte de la Resolución Nº12.677 radica en establecer un marco equilibrado que permite incorporar inteligencia artificial como herramienta de apoyo, sin comprometer los principios esenciales de la función jurisdiccional.
El impacto de esta política dependerá de su implementación práctica, pero deja fijada una regla clara: la inteligencia artificial puede asistir a la justicia, pero no reemplazarla.
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