En Paraguay, cada vez se genera más valor y conciencia en cuestiones que tienen que ver con la protección al medio ambiente. A su vez, la autoridad de aplicación busca actuar de manera más activa en la fiscalización y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
De hecho, nuestra Constitución Nacional incluye una disposición expresa sobre el derecho a un ambiente saludable y su protección. Además, contamos con la Ley Nº 716/1995, que tipifica y sanciona los delitos contra el medio ambiente, así como con otras leyes específicas sobre calidad del aire, prevención y control de incendios, protección de especies de vida silvestre, entre otras. Esto demuestra que Paraguay cuenta con un marco normativo estructurado, integral y vinculante, orientado a regular y proteger el entorno natural en todo el territorio nacional.
Más allá del marco legal, es importante considerar que, con el crecimiento de la inversión y la creación de nuevas empresas, muchas de las actividades productivas que se desarrollan en el marco de sus operaciones requieren estudios previos y la obtención de licencias ambientales específicas.
En este sentido, compartimos algunos conceptos y requisitos fundamentales que deben ser considerados por las empresas que realizan actividades con potencial impacto ambiental.
Evaluación de Impacto Ambiental
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se ha consolidado como una herramienta esencial dentro del derecho ambiental contemporáneo. Su propósito consiste en permitir la anticipación, mitigación y gestión de los efectos que las actividades humanas pueden generar sobre el entorno natural y social, especialmente cuando tales actividades pueden generar impactos significativos.
En Paraguay, la EIA reviste carácter obligatorio, conforme lo establece el artículo 1° de la Ley Nº 294/93. Esta norma impone la exigencia legal de contar con dicho estudio previo a la ejecución de cualquier obra o actividad pública o privada que pueda causar efectos relevantes sobre el ambiente.
¿A qué llamamos Impacto Ambiental?
El Art. 1 de la ley lo conceptualiza como toda modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos.
Justamente, cuando existe la posibilidad de este tipo de alteraciones, surge la obligación de realizar una EIA que consiste en un estudio técnico-científico que permite identificar, prever y valorar los impactos posibles que una obra o actividad podría generar, tanto en su fase de ejecución como de operación.
¿Qué debe incluir una EIA?
La EIA debe cumplir con ciertos presupuestos, como por ejemplo, una estimación de su relevancia socioeconómica, el área geográfica afectada y su estado previo, el análisis de los posibles impactos y riesgos, un plan de gestión ambiental con medidas de mitigación, las alternativas técnicas al proyecto y un resumen final accesible para todo público. Los requisitos se encuentran expresamente detallados en el Art. 3° de la ley.
¿Qué actividades requieren una EIA?
El Art. 7° de la ley detalla una lista de obras y actividades que obligatoriamente deben someterse a evaluación, como por ejemplo: proyectos urbanísticos, actividades agropecuarias, explotación minera, generación de energía, construcción de infraestructura, disposición de residuos, entre muchas otras. Lo importante es determinar si existe un impacto ambiental significativo.
En ese sentido, las empresas o personas que desarrollan actividades sujetas a la EIA pueden ser objeto de inspecciones y fiscalizaciones por parte de la autoridad de aplicación. En caso de no contar con la licencia ambiental vigente -ya sea por no haberla obtenido o por tenerla vencida, dado que posee un plazo de validez y debe ser renovada-, se exponen a sumarios administrativos que pueden derivar en multas, suspensión de actividades e inicio de sumarios administrativos.
Las sanciones pueden ser: amonestaciones, multas, medidas correctivas, suspensión, cancelación y revocatoria de la licencia, decomiso de productos, embargos, clasura o inhabilitación de áreas, secuestro y decomiso de bienes.
¿Quién autoriza la ejecución del proyecto?
Una vez culminado el estudio, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) emite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), comúnmente identificada como una licencia ambiental. Esta puede aprobar o rechazar el proyecto, establecer condiciones, o requerir ajustes al estudio presentado. Si no se emite una resolución en un plazo de 90 días, la EIA se considera aprobada por silencio administrativo. En caso de ausencia de normativa técnica local, se recurre a tratados internacionales y principios generales del derecho ambiental.
¿Por qué es tan importante la Declaración de Impacto Ambiental?
Además de ser una exigencia legal, es un requisito indispensable para empresas que buscan acceder a créditos, garantías financieras, autorizaciones de otros organismos públicos, entre otras cosas.
Más allá de un trámite administrativo, la EIA representa un instrumento de planificación y prevención, pues una correcta aplicación refleja el compromiso con el desarrollo sostenible, al permitir que las decisiones sobre proyectos económicos incorporen criterios de sostenibilidad, resguarden la salud humana y garanticen una mayor transparencia ante la ciudadanía.
En Altra Legal brindamos asesoría especializada a empresas y desarrolladores en materia ambiental, para asegurar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la ley y demás normativas que conforman el derecho ambiental paraguayo.
Enzo Berino
Abogado en Altra Legal
