El Poder Ejecutivo, a través del Decreto N° 3369 del 18 de febrero de 2025, ha dictado la reglamentación de la Ley N° 7190 de los Créditos de Carbono, que regula el funcionamiento del Registro de Créditos de Carbono, fija las competencias del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y establece los principales lineamientos para la correcta aplicación de dicha ley.
Se entiende por créditos de carbono a los instrumentos comercializables que están representados por certificados o títulos que asignan o se vinculan a un equivalente en reducir, evitar o capturar una tonelada de gases de efecto invernadero en el marco de un proyecto determinado.
Novedades que introduce el decreto:
- Crea la Dirección de Créditos de Carbono (DMC), dependiente del MADES, que será la encargada de la implementación, la supervisión y la regulación del sistema de mercados de carbono. También es la encargada de emitir la “Constancia de No Objeción.”
- Designa al MADES, autoridad de aplicación de la citada ley, como encargado de la estructuración de la DMC y la provisión de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
- Define la finalidad del Registro de Créditos de Carbono, que fuera creado en la Ley N° 7190, estableciéndola como un asiento con información pública, de acceso gratuito, medible, verificable, transparente y trazable. El registro también podrá ser utilizado para un análisis del mercado de créditos de carbono en el país.
- Estructura al registro, que deberá contar con, al menos, las siguientes secciones o dependencias: Desarrolladoras de Proyectos, Proyectos y Titulares de los Proyectos, Créditos de Carbono, Resultados de Mitigación Transferibles Internacionalmente y las Constancias de No Objeción, Cartas de Autorización y otros.
- Establece los requisitos para la inscripción, el monitoreo y la verificación de todos los proyectos que operan en el mercado de carbono y también a las desarrolladoras.
- Crea un mecanismo de resguardo para las desarrolladoras, protegiendo, a solicitud del interesado, la información estrictamente comercial que podría afectar o ser ventajoso para un competidor.
- Regula y establece criterios para determinar la adicionalidad de los proyectos. La adicionalidad es la cualidad de cada proyecto o actividad desarrollada que efectivamente reduce, evita o captura carbono de acuerdo con los métodos establecidos.
- Establece el mecanismo para el reconocimiento de los proyectos como ITMOs (Internationally Transferred Mitigation Outocomes, en inglés), que son los resultados de mitigación de gases de efecto invernadero que pueden ser transferidos entre países, en el marco del Acuerdo de París. También regula las condiciones para la emisión de cartas de autorización.
- Delimita al derecho de retención de los créditos de carbono por parte de sus titulares, a aquellos que hayan sido reconocidos como ITMOs. El porcentaje de retención será determinado por resolución del MADES, quien se encargará del cumplimiento y control de las contribuciones nacionalmente determinadas.
- Determina el canon, establece exenciones para proyectos desarrollados por indígenas y establece el procedimiento sancionatorio.
La riqueza en recursos naturales del Paraguay puede significar una oportunidad de inversión y una importante forma de financiamiento para pequeños, medianos y grandes productores y empresarios del país. Queda el desafío de avanzar en la regulación para que los instrumentos puedan ser negociados en los principales mercados secundarios internacionales.
Una mirada al derecho internacional
En 2022, la International Swaps and Derivatives Association (ISDA, por sus siglas en inglés) realizó una propuesta recomendando a UNIDROIT la creación de un proyecto que analice la naturaleza jurídica de los Créditos de Carbono Verificados (VCC, por sus siglas en inglés). Esta propuesta fue apoyada por el Gobierno del Paraguay a través de una carta presentada a la secretaría de UNIDROIT.
El objetivo principal del proyecto es brindar orientación sobre cuestiones de derecho privado para mejorar la confianza en las transacciones y apoyar el desarrollo de un mercado que funcione de manera armoniosa, lo que a su vez podrá jugar un papel importante en la lucha contra el cambio climático.
Actualmente, la naturaleza jurídica de los créditos de carbono son objeto de estudio de un grupo de trabajo integrado por expertos jurídicos de las áreas de créditos de carbono, comercio, derecho ambiental, derecho de propiedad, derecho de contratos y tecnología digital. Se espera que la quinta sesión del grupo de trabajo sea llevada a cabo en la sede de UNIDROIT, en Roma del 2 al 4 de abril de este año.
Para más información, contactar con las abogadas Adriana Sánchez (asanchez@altra.com.py) y Natalia Gómez (ngomez@altra.com.py).
